Washington DC, 26 Jun. 20 (ACI Prensa).- La National Review Board, comisión de laicos encargada de asesorar a los obispos de Estados Unidos sobre la prevención de abusos sexuales a menores, pidió una mayor acción para combatir esta problemática y que se evite caer en la complacencia o tolerancia excesiva.
Este pedido se dio luego de que la Secretaría de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos para la Protección de los Niños y los Jóvenes publicó esta semana el 17° Informe Anual sobre abuso sexual en la Iglesia Católica de los Estados Unidos, que abarca el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019.
“Sabemos que muchos obispos actuales se han enfrentado seriamente al abuso sexual clerical, lo que se confirma en el Informe Anual. Sin embargo, el Informe también evidencia áreas que necesitan mejoras y que requerirán un esfuerzo continuo para abordar este problema con un liderazgo valiente, así como la apertura a la corresponsabilidad de los laicos para responder a esta crisis siempre presente”, dijo Francesco C. Cesareo, presidente de la National Review Board (o Junta Nacional de Revisión).
Asimismo, advirtió que incluso las fallas reducidas pueden presentar un problema significativo para la Iglesia en los Estados Unidos y que la Junta está pidiendo una auditoría más profunda y actualizaciones de la “Carta para la Protección de Niños y Jóvenes”, originalmente establecida por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) en 2002.
“Continuamos viendo la imposibilidad de publicar los procedimientos de presentación de informes en los distintos idiomas en los que se celebra la liturgia; mal mantenimiento de registros de verificación de antecedentes; Juntas de Revisión Diocesana disfuncionales; falta de un plan de monitoreo formal para los sacerdotes que han sido retirados del ministerio; no actualizar las políticas y procedimientos a la luz de las revisiones de la Carta de 2011”, dijo.
Cesareo dijo que si bien estos problemas no están muy extendidos, “se repiten y son evidentes en el 25% al 30% de las diócesis”, lo que indica una “falta de diligencia que pone en riesgo la seguridad de los niños”.
“La aparente resistencia de algunas parroquias y escuelas para proporcionar capacitación en entornos seguros pone a los niños en mayor riesgo”, acotó.
También dijo que aunque las diócesis continúan haciendo un buen trabajo en la creación de culturas de protección y curación, el hecho es “que los esfuerzos de la Iglesia se medirán en función de los eslabones más débiles”, y que “si una diócesis está en riesgo, toda la Iglesia también está en riesgo”.
El informe anual sobre los Resultados y Recomendaciones de la Implementación de la Carta para la Protección de Niños y Jóvenes se realizó con la auditoría de la consultora StoneBridge Business Partners, con sede en Rochester, Nueva York. El Center for Applied Research in the Apostolate (CARA) realizó una encuesta incluida en el informe.
La auditoría encontró tres casos de incumplimiento de la carta: la Diócesis de Oakland no evaluó los antecedentes de un sacerdote visitante y hubo juntas de revisión que no funcionaban tanto en la Arquiparquía ucraniana de Filadelfia como en la Diócesis Católica Siro-Malabar de St. Thomas.
Además, no participaron en la auditoría la Eparquía de Santa María Reina de la Paz, la Eparquía de San Pedro Apóstol y la Eparquía de San Nicolás de Chicago.
De más de 37 mil sacerdotes de orden diocesano y religioso, hubo 37 acusaciones relacionadas con menores este 2020, de las cuales ocho fueron verificadas y se retiró a los presbíteros del ministerio. Doce acusaciones aún están bajo investigación, siete fueron declaradas sin fundamento, seis no pudieron ser probadas. Otras tres han sido remitidas a órdenes religiosas, y una fue remitida a otra diócesis.
El Arzobispo de Los Ángeles, Mons. José Gomez, presidente de la USCCB, dijo en el prefacio del informe que todas estas denuncias fueron presentadas a las fuerzas del orden. También dijo que los números indican que los nuevos casos de abuso sexual por parte de clérigos son raros.
“Por supuesto, todos los casos son demasiados, y permanecemos vigilantes y decididos a prevenir este mal”, dijo el Arzobispo, e hizo hincapié en los esfuerzos para implementar políticas y programas para proteger a los jóvenes y crear entornos seguros en parroquias, escuelas y otros ministerios católicos.
El Prelado explicó que cientos de miles de adultos han sido capacitados para prevenir el abuso y denunciarlo, mientras que los líderes han sido sometidos a exhaustivas verificaciones de antecedentes. Añadió que las diócesis han implementado requisitos estrictos de presentación de informes y trabajan en estrecha colaboración con las fuerzas del orden público para denunciar presuntos abusos y retirar a los abusadores del ministerio.
“Mis hermanos obispos y yo queremos disculparnos con todos aquellos que han sufrido abusos a manos de alguien en la Iglesia y queremos expresar nuestro compromiso pastoral para ayudar a cada víctima-sobreviviente a encontrar sanación y esperanza. A partir de los fracasos de nuestro pasado, las diócesis católicas de todo el país han trabajado arduamente para establecer políticas y programas para proteger a los jóvenes y crear entornos seguros en nuestras parroquias, escuelas y otros ministerios”, dijo Mons. Gómez.
El informe también detalla que fueron 4.220 adultos los que presentaron 4.434 denuncias de abuso. Este es un aumento significativo en las denuncias, que el informe atribuyó en parte a las denuncias adicionales recibidas a raíz de demandas, programas de compensación, revisiones de archivos del clero y quiebras.
En comparación, el informe del año pasado para el período de auditoría 2017-2018 señaló que 1.385 adultos informaron 1.455 nuevas denuncias, la gran mayoría de las cuales se referían a casos históricos de abuso. Esos números representan un marcado aumento durante el período de informe 2016-2017. El informe del año pasado atribuyó la escalada a la adopción en todo el estado de Programas Independientes de Reconciliación y Compensación por parte de las diócesis católicas del estado de Nueva York.
El último período de informes siguió a las revelaciones de junio de 2018 de que el ex Arzobispo de Washington y excardenal Theodore McCarrick, había abusado sexualmente de adolescentes y hombres jóvenes, incluidos seminaristas. Un informe del gran jurado de Pensilvania publicado más tarde en 2018 también examinó el abuso sexual por parte del clero católico.
Alrededor del 80% de las víctimas recientemente reportadas del clero diocesano eran hombres, mientras que el 20% eran mujeres. El informe dijo que el 59% de los presuntos abusos comenzaron cuando la víctima tenía entre 10 y 14 años, mientras que el 22% involucraba a víctimas de nueve años o menos.
Entre las nuevas denuncias, el abuso por parte del clero diocesano alcanzó su punto máximo en 1970-1974. Según el informe, el 50% de los presuntos abusos ocurrieron o comenzaron antes de 1975, el 45% entre 1975 y 1999 y el 5% después del 2000.
Alrededor del 43% de los presuntos autores en el clero diocesano no tenían acusaciones previas en su contra, mientras que el 57% sí. El 90% de los presuntos delincuentes diocesanos han fallecido, han sido retirados del ministerio, fueron laicizados o están desaparecidos. Además, 40 sacerdotes o diáconos identificados como presuntos abusadores en 2019 fueron retirados permanentemente del ministerio.
Las diócesis y las eparquías que respondieron a la encuesta informaron más de 281 millones de dólares en costos relacionados con acusaciones de abuso sexual en el período 2018-2019. Alrededor del 71% de esto se destinó a acuerdos para víctimas, mientras que el 15% se destinó a honorarios de abogados. Los institutos religiosos, que se manejan en una categoría separada, pagaron más de 41 millones de dólares. Además de los acuerdos y gastos legales, estos costos incluyen el apoyo a delincuentes y otros pagos a las víctimas para fines que incluyen terapia, gastos de manutención o gastos legales.
En el período de auditoría del año pasado, las diócesis y las eparquías brindaron alcance y apoyo a 1.138 familias que habían denunciado nuevos abusos, mientras que brindaron apoyo continuo a 1.851 sobrevivientes y a las familias que habían denunciado anteriormente abusos.
Las iglesias y organizaciones católicas realizaron más de 2.6 millones de verificaciones de antecedentes de clérigos, empleados y voluntarios. Más de 2.6 millones de adultos y 3.6 millones de niños y jóvenes fueron capacitados en sensibilización e informes de abuso.
En febrero de 2019, el Papa Francisco celebró la primera cumbre mundial sobre la protección de menores en la Iglesia. En mayo de 2019, el Papa emitió nuevas normas en el documento “Vos Estis”, con el objetivo de responsabilizar a los obispos y superiores religiosos cuando se les acusa de abuso o cuando se les acusa de maltrato en medio de acusaciones de abuso.
Cessario dijo que la promulgación de Vos Estis y los esfuerzos de los obispos estadounidenses para promulgarla “marcó una respuesta importante y positiva” a raíz de las revelaciones sobre McCarrick.
“Sin embargo, las revelaciones posteriores de irregularidades episcopales, el establecimiento de planes de compensación para las víctimas, el anuncio de nuevas investigaciones del gran jurado en varios estados, la presentación de nuevas demandas con respecto al abuso y un deseo creciente entre los laicos de una mayor participación en abordar este problema ha llevado a muchos a preguntarse si la auditoría es lo suficientemente adecuada para determinar si una cultura de seguridad dentro de las diócesis ha echado raíces”, dijo.
Cessario dijo que la Junta Nacional de Revisión ha pedido una “auditoría más profunda”, así como “una nueva revisión de la Carta que incorporará nuevas prácticas, tales como auditorías parroquiales, ofreciendo una mayor garantía de cumplimiento”.
El diácono Bernie Nojadera, director ejecutivo de la Secretaría de Protección de Niños y Jóvenes de los Obispos Católicos de Estados Unidos, escribió una carta del 28 de febrero incluida en el informe. Reflexionó sobre cómo la crisis de abuso ha afectado la fe de los católicos.
“Para algunos, esta crisis ha fortalecido su fe y resolución, ha confirmado la importancia de mantener la fe y finalmente confiar en la misericordia, la bondad y el plan de Dios. Para otros, esta crisis ha destruido vidas, fe y confianza en Dios. Las implicaciones teológicas apuntan a la necesidad de reconectarse apropiadamente con Dios y entre sí. Comprender lo que está sucediendo en la Iglesia y su respuesta es parte de la solución”, indicó.
Nojadera señaló la necesidad de desarrollar y mantener “relaciones correctas” con los jóvenes y los vulnerables para ayudar a la Iglesia a aprender y crecer en medio de la crisis de abuso sexual.
“Solo promoviendo una cultura de protección y curación podemos prevenir la maldad del abuso sexual y brindar una verdadera curación a los afectados por este crimen”, dijo, enfatizando la necesidad de una vigilancia continua.
La declaración de los obispos estadounidenses sobre la publicación del informe dice que la auditoría y la aplicación continua de políticas de tolerancia cero son “dos herramientas importantes en el programa más amplio de la Iglesia de crear una cultura de protección y curación que exceda los requisitos de la Carta”.
Traducido y adaptado por Diego López Marina. Publicado originalmente en CNA.
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