, 24 Ene. 23 (ACI Prensa).- Dos sacerdotes del Arzobispado de Arequipa mediaron el fin de semana para rescatar a un policía que había sido secuestrado en medio de las violentas protestas en Perú.
El fin de semana el Gobierno Regional de Arequipa se contactó con el Arzobispado local para pedir la ayuda de algún sacerdote mediador, en medio de las violentas protestas en la localidad de La Joya.
Mons. Javier del Río, Arzobispo de Arequipa y quien en todo momento estuvo al tanto de las negociaciones, propuso como mediadores al P. Andrés Márquez, párroco de la parroquia San José de la Joya, y a su vicario parroquial, el P. José Caselli.
Sarko Medina, director de comunicaciones del Arzobispado de Arequipa, señaló este 24 de enero a ACI Prensa que el P. Caselli ya había mediado en una protesta anterior en 2015, cuando opositores a un proyecto minero se enfrentaron a la policía local.
El rescateMedina explicó que el domingo 22 de enero los sacerdotes lograron que los manifestantes liberen al policía que mantenían retenido y que las autoridades pusieran en libertad a cinco detenidos.
En declaraciones a Exitosa, el P. Caselli de 50 años, sacerdote desde octubre de 2008, indicó que su labor de mediación consistió en “hacer que hubiera confianza, porque nadie confiaba en nadie”.
“En ese momento lo que estaba en juego era la libertad de las personas”, precisó el sacerdote. “La Iglesia reconoce el derecho a la justa protesta, pero esta debe ser pacífica”, agregó.
“Quisiera pedir a todos que sean muy cuidadosos con las informaciones en las redes sociales. De hecho hay acusaciones falsas contra la Iglesia, con el aval de nadie, pero la gente lo cree”, apuntó el sacerdote.
“En la histeria y la desesperación la gente hace y dice cosas que en el fondo no quiere”, advirtió.
El rescate de los sacerdotes se dio solo unos días después de que una turba de violentos manifestantes quemara vivo al policía José Luis Soncco Quispe, de 29 años de edad, asesinado el 10 de enero en Puno.
Las violentas protestas en PerúLas violentas protestas comenzaron tras el arresto del expresidente Pedro Castillo, que fracasó en su intento de ejecutar un golpe de Estado, disolviendo el Congreso, el 7 de diciembre de 2022.
Las protestas, que han dejado al menos 54 muertos, han incluido bloqueos de carreteras, intentos de toma de al menos tres aeropuertos, ataques a instalaciones policiales y del gobierno, y la irrupción de manifestantes en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que fueron luego retirados por las autoridades.
La violencia se intensificó en los últimos días, en el marco de la llamada “toma de Lima” el 19 de enero, que movilizó a miles de manifestantes desde diversas regiones del país hacia la capital peruana.
No hay un grupo específico que se atribuya la organización de las protestas, pero entre los manifestantes se encuentran grupos estudiantiles, comunidades indígenas y organizaciones de izquierda radical de diversas partes del país.
Según recoge la agencia oficial ANDINA, el 13 de enero el general Óscar Arriola, vocero oficial de la PNP y jefe de la Dirección de Investigación Criminal, dijo que entre los manifestantes se encuentran también miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso.
Las exigencias de los manifestantes son diversas, pero se pueden agrupar en tres: el cierre del Congreso, la convocatoria a una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución Política del Perú que data de 1993 y es rechazada por sectores de izquierda radical, así como la renuncia de Dina Boluarte, a la que muchos de los que protestan consideran “golpista” por actuar constitucionalmente en reemplazo de Pedro Castillo.
Entre otros serios problemas, las violentas protestas han generado millonarias pérdidas económicas en distintos sectores como el turismo y el agro, con toneladas de alimentos que se pudren a causa de los bloqueos.
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