Redacción Central, 13 Ago. 22 (ACI Prensa).- El Gobierno de Perú decretó la semana pasada una norma para capacitar de forma obligatoria “en enfoque de género” a todos los funcionarios públicos, decisión que Giuliana Caccia, líder profamilia y directora de Origen, considera preocupante.
El Ministerio de la Mujer (MIMP) y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) serán la entidades gubernamentales encargadas de impartir talleres “para la prevención de la violencia y discriminación por género” para cerca de 1 millón 500 mil trabajadores públicos.
“La preocupación se basa exclusivamente en la experiencia más reciente con respecto a los contenidos que imparten el MIMP y SERVIR en sus redes sociales o sus canales formales de formación”, dijo Caccia en una columna publicada en sus redes sociales.
“Entre estos dos entes, el más evidente es el del Ministerio de la Mujer. Solo por poner algunos ejemplos, sus cuentas de Twitter y Facebook son usadas claramente para compartir contenido vinculado a la agenda LGTBI y a la promoción de la despenalización del aborto”.
Caccia agregó que el tema del aborto “se evidenció con mayor fuerza cuando en marzo de este año la actual Ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, dio unas declaraciones a un medio local a favor de este último punto aun sabiendo que es delito en el Perú”.
Por otro lado, la líder profamilia considera que también puede generar preocupación que la actual directora general de Igualdad de género y no discriminación del MIMP, Ines Gisella Martens, “se haya manifestado en contra del derecho de los padres de familia a participar en la elaboración de los materiales educativos” (actualmente la Ley 31498), y que además esté “a favor del aborto (mal llamado ‘terapéutico’)”.
“Bajo su dirección, por ejemplo, se ha publicado material con contenido claramente ideológico como la cartilla ‘Pautas para servidoras y servidores públicos. Garantizando servicios con trato igualitario y libre de estereotipos de género’”, lamentó.
Según Caccia, más llamativa aún es la cartilla “Consideraciones para la identificación y el abordaje de las prácticas de conversión y su afectación a los derechos de las personas LGBTI”, que “incluyen términos claramente ideológicos” y afirma “que las terapias de conversión son un delito y prohíbe (bajo pena de denuncia y cárcel) que personas, en ejercicio de su libertad, busquen ayuda o ayuden en terapias de reconversión”.
“Además, en el mismo folleto, se hace una manipulación burda de la libertad religiosa. Esto sin dejar de notar en la imagen adjunta que el sacerdote usa una estola con los colores característicos del lobby LGTBI”, añadió.
Sobre la objeción de concienciaLa directora de origen dijo que “si los talleres que tiene a su cargo preparar el MIMP para la capacitación de los servidores públicos” tienen los contenidos previamente mencionados, “se abriría el debate sobre la potestad de los empleados públicos que no quieran recibir estos contenidos, de ejercer su derecho a la objeción de conciencia”.
Según Caccia no se puede obligar a todos los funcionarios públicos a recibir esta formación y “todo dependerá del contenido que se imparta en estos talleres”.
“Si estos se circunscriben estrictamente a promover la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, o a prevenir la violencia contra la mujer técnica, no habría mayor cuestionamiento”, dijo.
Sin embargo, aclaró que “el problema se presentaría si es que se aprovechasen estos espacios para impartir contenido ideológico que sobrepase lo establecido por la ley –y no por documentos de rango menor–“.
“En ese escenario, los servidores públicos podrían ejercer objeción de conciencia si es que dichos contenidos violasen la libertad religiosa o la libertad de conciencia. Porque, por encima de cualquier documento legal de nuestro país está la Constitución Política”.
“Y los derechos y libertades establecidos es ésta priman por sobre cualquier otra norma de rango menor. Incluido este decreto”, concluyó.
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