Indiana, 24 Ago. 20 (ACI Prensa).- La multinacional y principal proveedora de abortos en Estados Unidos, Planned Parenthood, acordó retirar una demanda contra una ley del estado de Indiana, que deberá ser reanudada el 1 enero de 2021, y que exige que las mujeres que buscan un aborto se sometan a un ultrasonido al menos 18 horas antes.
Según el acuerdo judicial del 19 de agosto entre Planned Parenthood of Indiana and Kentucky y el estado de Indiana, se decidió lo siguiente: “Debido a los eventos que han ocurrido en los más de tres años desde que este tribunal dictó la orden judicial preliminar, incluida la adición por parte del demandante de una nueva máquina de ultrasonido en una nueva clínica en Fort Wayne, las partes han consultado y acordado que, el 1 de enero de 2021, la medida cautelar preliminar debe ser anulada y este caso debe ser desestimado”.
Como indica el texto judicial, la decisión de retirar la demanda por parte de Planned Parenthood se debe, en parte, a que recientemente abrieron una clínica en Fort Wayne, la cual proporcionará los ultrasonidos requeridos por la ley. En ese sentido, la organización abortista retiró la demanda para procurar que el estado de Indiana de ninguna manera aplique dicha ley hasta el 2021, lo que le daría tiempo para que su personal pueda operar los equipos de ecografías.
En un comunicado, el fiscal general del estado, Curtis Hill, aseguró que le “complace que Planned Parenthood viera la posibilidad de que esta ley tan razonable finalmente se cumpliera”.
“Para su crédito, reconocieron los méritos de evitar más disputas legales sobre este asunto”, acotó.
La ley de Indiana de 2016 exige un ultrasonido para las mujeres al menos 18 horas antes de tener un aborto. Fue promulgado por Mike Pence, entonces gobernador de Indiana.
Sin embargo, en julio del mismo año, Planned Parenthood demandó a Indiana alegando que la ley imponía una carga indebida al paciente. El estado argumentó que la ley les da a las mujeres tiempo para reflexionar sobre una decisión de vida trascendental.
En abril de 2017, la jueza de distrito Tanya Walton Pratt derogó la ley y emitió una orden judicial preliminar. El fiscal general Hill apeló y el 2 de julio la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó que el caso regresara a la corte federal de apelaciones.
A inicios de julio de 2020, la Corte Suprema devolvió el caso para que lo reconsiderara un tribunal inferior y fue allí donde las dos partes llegaron a un acuerdo.
“Para las mujeres que están considerando abortar, las ecografías son una parte importante de la consejería de consentimiento informado. Cualquiera que esté interesado en proteger la salud de las mujeres, incluida su salud mental, debe brindarles la mayor cantidad de información posible para ayudarles a tomar decisiones. Empoderar a las mujeres con conocimientos es totalmente coherente con la Constitución de los Estados Unidos”, concluyó el fiscal general Curtis Hill.
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