, 29 Nov. 19 (ACI Prensa).- El Comisario Apostólico para el Instituto Próvolo y Obispo Auxiliar de La Plata (Argentina), Mons. Alberto Bochatey, manifestó su esperanza porque la condena de los involucrados traiga paz y alivio a las víctimas.
“Respetamos la decisión judicial de Mendoza y esperamos que traiga paz a las víctimas que han sufrido tanto y también algo de alivio en medio de tanto dolor y de tantas heridas”, expresó Mons. Bochatey en un comunicado.
Los jueces del Tribunal Penal de Mendoza condenaron el 25 de noviembre a 42 años de prisión al sacerdote Nicola Corradi, a 45 años de cárcel a Horacio Corbacho, y a 18 años de cárcel al laico Armando Gómez, todos, por abusar de niños sordomudos en el Instituto Próvolo.
Desde noviembre de 2016, cuando se presentó la primera denuncia, la investigación arrojó 43 hechos de abusos sexuales, maltratos y corrupción de los menores sordos.
Durante el juicio, que se inició en agosto de 2019, se presentaron más de 10 víctimas de abusos sexuales, quienes fueron ayudados por intérpretes de lenguaje de señas.
“Lo sucedido ha hecho también un daño inmenso a la Iglesia de Mendoza, de la Argentina y del mundo”, aun así “es imprescindible que como Iglesia podamos reconocer y condenar con dolor y vergüenza las atrocidades cometidas por personas consagradas, clérigos e incluso por todos aquellos que tenían la misión de velar y cuidar a los más vulnerables”.
“Pedimos perdón por los pecados propios y ajenos. La conciencia de pecado nos ayuda a reconocer los errores, los delitos y las heridas generadas en el pasado y nos permite abrirnos y comprometernos más con el presente en un camino de renovada conversión”, sostuvo Mons. Bochatey.
El Obispo aseguró que las palabras de San Pablo, “si un miembro sufre, todos sufren con él” (1 Corintios 12, 26) “resuenan con fuerza en nuestro corazón”.
Porque como lo ha manifestado el Papa Francisco “los abusos son ‘un crimen que genera hondas heridas de dolor e impotencia; en primer lugar, en las víctimas, pero también en sus familiares y en toda la comunidad, sean creyentes o no creyentes”, citó.
“Mirando hacia el pasado nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado. Mirando hacia el futuro nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse”.
“El dolor de las víctimas y sus familias es también nuestro dolor, por eso urge reafirmar una vez más nuestro compromiso para garantizar la protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad”, agregó.
En cuanto al proceso de investigación canónica, Mons. Bochatey explicó que conocidas las denuncias, la Santa Sede nombró en mayo de 2017 a dos expertos para comenzar la investigación eclesiástica. “La tarea de la investigación es la de tratar de discernir si las denuncias son verosímiles o no y tener cierta certeza moral de que los hechos pudieran haber sucedido”.
“En ese momento no había ninguna denuncia en ninguno de los diferentes ámbitos de la Iglesia, lo que hacía muy difícil poder iniciar las investigaciones. No obstante las dificultades se hizo el trabajo y en pocos meses se envió el informe a la Santa Sede, indicando que los hechos eran verosímiles y podían haber sucedido”.
“La Iglesia nunca encubrió a los sacerdotes en cuestión y el proceso canónico sigue su curso en la Congregación de la Doctrina de la Fe. De hecho ellos estaban suspendidos en la práctica de su ministerio sacerdotal y en la cárcel, donde permanecen desde hace ya tres años”, aseguró.
Asimismo, el comisario apostólico precisó que “toda vez que la justicia argentina libró exhortos o pedidos” la Iglesia “respondió según derecho, en tiempo y forma. Nunca ocultó información ni quitó colaboración”.
En conversación con Radio Grote, de la Federación de Círculos Católicos Obreros, Mons. Bochatey reiteró que sabían “que venían penas durísimas, las máximas, sin duda hay heridas que no se curarán nunca pero al menos habrá más paz, menos odio, menos resentimiento para tratar de aliviar el dolor y las heridas”.
Asimismo, precisó que “hubo 47 acusaciones y los acusaron 25. Hubo denuncias falsas y otras no reunían las condiciones verdaderas. Nadie está negando la realidad, la justicia está para hacer penas que creen justicia con las víctimas, no para destruir a los culpables”.
En ese sentido, el comisario apostólico del caso dijo que “nunca pude tener un acercamiento con las víctimas a quienes quería, como enseña el Papa, acompañar y escuchar”.
“Los abogados en Mendoza, los querellantes, dicen que nunca hubo acercamiento y cuando lo pedimos dijeron que era de interesados. Soy sumamente respetuoso y lo primero que dije fue que quería pedir perdón”, a lo que los abogados respondieron que la intención del obispo era “revictimizar” y llegar “a un acuerdo económico”.
“Una mentira absoluta, mi idea era poder acompañar a quienes han sufrido y escucharlos como padre”.
Por último, manifestó que “es imprescindible condenar con dolor, con vergüenza, que pedimos perdón y que sabemos distinguir estas heridas, que el pecado de algunos de nuestros hermanos no destruyan esta comunidad pastoral”, finalizó.
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