Según explica este documento, estas legislaciones, “bajo el eufemismo ‘género e igualdad’ camuflan una ideología totalitaria que persigue al que piensa diferente”, por eso muestran “el uso indebido o abuso en la aplicación de este tipo de leyes” que aseguran, tienen un “difícil encaje constitucional de algunos artículos” y que cuentan con “argumentos poco científicos sobre algunas de las medidas establecidas”.
Como primeras conclusiones apuntan ataques en los ámbitos de la educación, la Iglesia y la libertad de expresión, pero también se observan presiones sobre todo el abanico de libertades de la sociedad.
Entre los casos de ataques contra la educación, el informe destaca el sufrido por Carlos Martínez, director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón, (Madrid) en el año 2016. Indica que algunas de las consecuencias que ha tenido este ataque es el acoso con noticias falsas sobre la escuela, con la intención de obligarlos a cerrar o que los padres cambien de centro a sus hijos.
Contra la justicia. Enraizados recuerda la sentencia Cassandra en el que la asociación Arcópoli denunció a la Fiscalía por dirigirse a la persona transgénero Cassandra por su “nombre asignado al nacer”. Esta persona transgénero era procesada por un supuesto delito de ofensa a los sentimientos, al haber humillado en las redes sociales a las víctimas de terrorismo.
Este informe también destaca los ataques que la Iglesia ha sufrido por parte de los colectivos homosexuales y las leyes promovidas por estos, como es el caso de Mons. Juan Antonio Reig Pla, Obispo de Alcalá de Henares, que fue denunciado por “provocación a la discriminación”.
Sin embargo, el juez dictaminó que sus palabras “no contienen una injuria a los homosexuales en general ni tampoco una llamada a la discriminación por su orientación sexual”.
Algo similar sufrió el Arzobispo de Valencia, Cardenal Antonio Cañizares, al ser denunciado por los lobbies gay. El juez falló a favor del Purpurado al señalar que sus palabras “no incitan al odio, ni contra la violencia contra los colectivos o la discriminación”, sino que quedan “amparadas por la libertad de expresión”.
En relación con los ataques contra la libertad individual, el informe destaca el caso de una coach a la que la expresidenta de la comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, amenazó con posibles sanciones y se le abrió un expediente informativo previo.
Algunas de las conclusiones del informe de Enraizados es que “la libertad de expresión se ve coartada, a veces con métodos agresivos” por las leyes de “igualdad y no discriminación”.
Enraizados señala que una libertad de expresión que en otros ámbitos es defendida, en estos casos “es vilipendiada”.
Además denuncia que los padres son sustituidos por el Estado “a la hora de ejercer la libertad de elección de la educación y desarrollo sexual de sus propios hijos, todo ello dirigido y tutelado bajo el control por parte de las asociaciones afines a las nuevas líneas de ingeniería social”.
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