Los representantes de las comunidades católica, ortodoxa y armenia cerraron indefinidamente la Basílica del Santo Sepulcro el 25 de febrero, en medio de lo que llamaron una “campaña sistemática de abusos contra las iglesias y los cristianos”.
Los líderes cristianos denunciaron así los “cobros escandalosos” del alcalde de Jerusalén, así como una ley de expropiación que discutirá el Parlamento, en lo que “parece ser un intento de debilitar la presencia cristiana”.
En declaraciones recogidas por Vatican News, el P. Patton precisó que “no tenemos ninguna intención de pelear con el Estado de Israel, tenemos óptimas relaciones y en todas las ocasiones tratamos de cooperar”.
Sin embargo, dijo, “han habido algunas acciones que perjudican nuestros derechos”.
“Si hay posibilidad de reunirnos alrededor de una mesa y discutir seriamente, estaremos muy contentos de poder hacerlo juntos. No como comunidades individuales, sino como comunidades cristianas involucradas”.
El sacerdote explicó que “hay dos problemas que resolver”. El primero, dijo, es “la cuestión del pago de impuestos a edificios de las Iglesias, con valor retroactivo, una solicitud que no tiene en cuenta el hecho de que nosotros no trabajamos para obtener ganancias, sino para ofrecer también servicios sociales que alivianan, además, las cargas del municipio mismo. Que nuestros presupuestos -explica- logren alcanzar el punto de equilibrio al final del año, ya es un buen resultado”.
“La otra cuestión se refiere a la propuesta de ley que consideramos discriminatoria, ya que tiene la intención de regular el derecho de propiedad, el alquiler y las transacciones solo de los terrenos de las Iglesias”.
El P. Patton es consciente de que el Santo Sepulcro “no puede cerrarse al infinito”.
“Esto es evidente, pero creo que una molestia como esta contribuye a hacer reflexionar”, señaló.
El Alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, anunció el 27 de febrero que suspenderán temporalmente el cobro de impuestos a las propiedades comerciales de propiedad de las Iglesias, mientras se establece un equipo gubernamental especializado para estudiar el caso.
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— ACI Prensa (@aciprensa) 25 de febrero de 2018
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