Como informó Associated Press, la jueza federal de Washington D.C. Tanya Chutkan dictaminó, el 18 de diciembre de 2017, que las dos adolescentes indocumentadas –identificadas como Jane Poe y Jane Roe– que permanecen bajo custodia en albergues financiados con fondos federales, tienen el “derecho” a un aborto sin que la administración del Presidente Donald Trump pueda interferir.
Ambas adolescentes solicitaron realizarse un aborto en el mes de diciembre.
Su caso fue tomado por ACLU, que decidió agregar la petición a una demanda que fue presentada en octubre pasado de otra adolescente en Texas, Jane Doe, a quien se ayudó a obtener un aborto, pero que luego, según precisa Live Action, decidió buscar un tratamiento de salud mental.
Jane Poe, Jane Roe y Jane Poe son seudónimos con los que las autoridades judiciales protegen las identidades de las involucradas.
El caso de Jane Doe aún se encuentra pendiente en la Corte Federal, a pesar de haber efectuado el aborto, debido a que el Departamento de Justicia de Estados Unidos espera que se anule la decisión y se evite que más adolescentes inmigrantes aborten.
Si bien desde el año pasado la oficina del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) que supervisa los albergues donde llegan los inmigrantes ilegales impidió a los centros médicos que realicen abortos sin su aprobación directa, la ACLU presentó una moción para una orden de restricción temporal que ordena al gobierno a liberar inmediatamente a las dos adolescentes y puedan practicarse los abortos.
Las dos adolescentes
Una las adolescentes tiene aproximadamente 10 semanas de gestación, mientras que la otra se encuentra en más de la mitad de su embarazo, con casi 22 semanas.
Mientras que la administración Trump planeó inicialmente apelar la decisión de Chutkan del 18 de diciembre, abandonaron la apelación después de descubrir que la joven que tenía 22 semanas de embarazo no era menor de edad, sino que tenía 19 años.
La política del gobierno solo se aplica a menores de edad, no a mujeres adultas.
En el caso de la otra joven, de 17 años, se presentó una solicitud de suspensión que la administración de Trump llevó ante la Corte Suprema el lunes 18 de diciembre.
Live Action sostiene que “el niño por nacer de esta mujer joven no es menos ser humano que el otro bebé de 22 semanas de vida. Mientras que un niño nacido puede sentir dolor en 20 semanas, las investigaciones muestran que incluso lo sienten ya en el primer trimestre”.
“Además, a las 10 semanas, un niño que nace tiene latidos cardíacos, puede mamar y tragar, y ya tiene sus propias huellas dactilares únicas”, añadió.
Actualmente, la administración de Trump está trabajando para detener la acción de ACLU, solicitando a la Corte Suprema de los Estados Unidos que escuche el caso y evite que esta organización eluda la política federal.
El 5 de enero de 2018 los jueces decidirán si otorgan revisión en este caso.
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— ACI Prensa (@aciprensa) 3 de enero de 2018
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