Camberra, 11 Jul. 18 (ACI Prensa).- La Cofradía Australiana de Clero Católico (ACCC, por sus siglas en inglés), una asociación privada sujeta a la Conferencia Episcopal, se unió a otros obispos y sacerdotes del país que se niegan a romper el secreto de confesión cuando sepan de casos de abusos sexuales, tal como pretende exigirles una nueva ley.
El 14 de agosto de 2017 la Royal Commission, entidad creada en Australia para investigar los casos de abusos sexuales, propuso que los sacerdotes de la Iglesia Católica rompan el secreto de confesión cuando conozcan de algún caso de abuso sexual. El 7 de junio de 2018 la Asamblea Legislativa del Territorio de Canberra aprobó dicha ley.
Sin embargo, sumados a la decisión del Arzobispo de Melbourne (Australia), Mons. Denis Hart, y varios sacerdotes más en las últimas semanas, la ACCC expresó en un comunicado del 2 de julio “su profunda objeción” a la nueva ley, pero aclara su “deseo firme” de proteger a “niños y adultos vulnerables contra el abuso”.
La asociación afirmó que el secreto del sacramento “no es meramente una cuestión de derecho canónico, sino de la Ley Divina, de la cual la Iglesia no tiene poder para dispensar”. Por lo tanto, explicaron que “ningún sacerdote está obligado a cumplir ninguna ley humana que intente socavar la confidencialidad absoluta de la confesión”.
En ese contexto, sostienen que la “intención de proteger a los niños y adultos vulnerables se ve frustrada por la naturaleza mal juzgada de la legislación que indica una comprensión radicalmente inadecuada del sacramento”.
Los sacerdotes expusieron también varias “impracticabilidades” ya señaladas anteriormente –por el Arzobispo de Canberra y Goulburn– sobre la nueva ley, por ejemplo: Cuando “el penitente confiesa detrás de una rejilla, ¿cómo puede el confesor saber con certeza a quién confesará? o, ¿cómo puede el penitente estar seguro de que el sacerdote confesor es quien él o ella cree que es? o, ¿cómo se asegurará una condena más allá de toda duda razonable, excepto por la captura de la policía? Dado que los penitentes no necesitan especificar (más allá del tipo de pecados y las veces que lo cometió) los detalles de sus pecados (como el lugar, la hora, los nombres, etc.)”.
De acuerdo a la ley de la Iglesia, un sacerdote está bajo la obligación de no revelar los contenidos de una confesión, incluso si es amenazado con la cárcel.
De romper el secreto de confesión, un sacerdote incurre en excomunión latae sententiae (automática).
En el párrafo 1467, el Catecismo de la Iglesia Católica explica el sentido del secreto de confesión: “Dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a las personas, la Iglesia declara que todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado, bajo penas muy severas. Tampoco puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le da sobre la vida de los penitentes”.
“Este secreto, que no admite excepción, se llama ‘sigilo sacramental’, porque lo que el penitente ha manifestado al sacerdote queda ‘sellado’ por el sacramento”, señala.
El Código de Derecho Canónico advierte que “el confesor que viola directamente el sigilo sacramental, incurre en excomunión latae sententiae reservada a la Sede Apostólica; quien lo viola solo indirectamente, ha de ser castigado en proporción con la gravedad del delito”.
Al mismo tiempo que defiende el secreto de confesión, la Iglesia señala que el abuso de menores cometido por sacerdotes es criminal y gravemente pecaminoso.
En años recientes, el Vaticano aumentó sus esfuerzos para proteger a niños del abuso sexual. En 2001, la Iglesia emitió normas que, entre otras cosas, exige que las acusaciones de abusos sean remitidas a las autoridades civiles y a la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano.
En marzo de 2012, Benedicto XVI emitió lineamientos para evitar el abuso de menores e involucrar a los fieles en la prevención de abusos.
El Papa Francisco ha continuado estos esfuerzos al crear dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, un grupo que atienda los casos de los sacerdotes acusados de crímenes graves.
El Santo Padre también está estudiando la posibilidad de introducir en la legislación de la Iglesia el crimen de “abuso de autoridad”, para los obispos que no cumplen su responsabilidad de sancionar los abusos sexuales.
Además de las sanciones contra los abusadores, la Iglesia también ha trabajado al más alto nivel para llegar a las víctimas y brindarles consejería y apoyo.
En su comunicado, la Cofradía Australiana de Clero Católico señaló que la nueva ley contra el secreto de confesión no solo no protege a los niños y adultos vulnerables contra los abusos, ni evita que estos sean cometidos, sino que “crean un precedente en Australia para la violación de la libertad religiosa por la intromisión del Estado en el dominio de lo sagrado”.
“Es de esperar que prevalezcan deliberaciones más tranquilas, que se revoquen estas leyes mal juzgadas, y que otros estados y territorios no repliquen tales leyes”, añadieron.
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