CIUDAD DE MÉXICO, 21 Jun. 21 (ACI Prensa).- El 21 de junio de 1929 finalizó oficialmente la Guerra Cristera en México tras la firma de los acuerdos entre el Arzobispo mexicano Leopoldo Ruiz y Flóres, como delegado apostólico del Papa Pío XI, y el entonces presidente del país, Emilio Portes Gil.
Culminó así un conflicto de tres años que enfrentó al Gobierno mexicano con numerosos grupos de fieles católicos, denominados “cristeros”, indignados por las medidas legales emitidas contra la Iglesia y el culto religioso.
Los cristeros tenían como su lema principal “Viva Cristo Rey y Nuestra Señora de Guadalupe”. Se estima que más de 60 mil soldados del Gobierno y 25 mil milicianos del bando cristero murieron.
Grupo de cristeros. Crédito: Museo Nacional Cristero / Dominio público.
En declaraciones a ACI Prensa en junio de 2018, el jurista y doctor en Historia Jorge Adame Goddard, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que el origen del conflicto es la Constitución de México de 1917, que “desconocía los derechos de la Iglesia, desconocía su personalidad jurídica, limitaba el número de sacerdotes, ponía restricciones muy importantes al culto público”.
Recordó que “esto generó una serie de protestas” y las tensiones aumentaron con la llegada al poder del presidente Plutarco Elías Calles en 1924.
En 1926 este presidente promulgó la Ley de tolerancia de cultos, conocida como “Ley Calles”, para hacer efectivos los artículos constitucionales contra la Iglesia.
Con la Ley Calles, señala Adame Goddard, “se consideraban delitos muchas actividades totalmente lícitas, como que un sacerdote esté en la calle con traje talar o que los religiosos estén reunidos en congregaciones, o que se enseñara religión en las escuelas”.
Ante las repetidas negativas del Gobierno a derogar la Ley Calles, un gran número de obispos decidió suspender el culto el 31 de julio de 1926, día en que comenzó a regir la controversial legislación.
“La suspensión de culto impresiona muchísimo a la población. De pronto todas las iglesias están cerradas, no pueden bautizar a sus hijos, no hay primeras comuniones, ni Misas los domingos”, dijo el jurista.
El Gobierno respondió cerrando los templos, persiguiendo y arrestando a sacerdotes y dirigentes laicos. La violenta reacción estatal hace que muchos católicos decidan tomar el camino de las armas.
Adame Goddard dijo a ACI Prensa que el movimiento cristero “se produce en varios estados de manera espontánea. En cada lugar hay jefes locales, jefes regionales militares, militares improvisados”.
“En la Ciudad de México se constituye un grupo de intelectuales profesionistas, principalmente abogados, que constituyen la Liga Defensora de la Libertad Religiosa” con el fin de “conseguir recursos para apoyar el movimiento armado y procura también dirigirlo”.
Eventualmente, precisó el jurista, se constituyó un mando único militar en el movimiento cristero, bajo el mando del general Enrique Gorostieta Velarde.
“Este era un militar de carrera, entrenado en el Ejército” que unificó y “logró que el movimiento cristero llegara a controlar territorios en partes de Jalisco, Zacatecas, algo de Durango, Colima”.
Fusilamiento del Beato Miguel Agustín Pro. Crédito: Dominio público.
Adame Goddard indicó que “la Iglesia no apoyó el movimiento armado”, aunque “tampoco lo detuvo”.
“Resulta además que con la guerra se generaba el problema que, en mi opinión, era el más grave”, pues México era para 1929 “un país católico que no tiene culto público durante tres años y aparte tiene a los sacerdotes perseguidos, y casi todos los obispos fuera del país”.
“Estaba el riesgo de relajación de los sacerdotes, la casi nula atención de los creyentes. Esto generaba mucha preocupación en la Iglesia. Y es la preocupación principal que tenía el Papa (Pío XI) entonces”, explicó.
En ese contexto, Emilio Portes Gil asume el gobierno en diciembre de 1928 y “abre un camino de negociación, diciendo que se pueden respetar ciertos derechos sin modificar la legislación”.
“Los obispos, también apoyados por Roma, deciden aprovechar esta oportunidad precisamente para resolver el problema pastoral”, explicó Adame Goddard.
Con la firma de los acuerdos, “el problema político que generó el conflicto, la Constitución, quedó sin tocar. La Ley Calles quedó sin aplicar, las leyes constitucionales quedaron sin aplicar. Se mantuvo un estado pacífico sin cambiar la legislación”.
“Pero el problema pastoral se resolvió inmediatamente: se reanudó el culto, y al reanudarse el culto la mayor parte de los levantados en armas, que se habían levantado porque no tenían culto público, decidieron dejar las armas y volver a sus actividades ordinarias. Entonces el movimiento militar también decayó mucho después de ese momento”.
El legado de la guerra cristeraEl jurista de la UNAM destaca que la guerra cristera dejó “varias enseñanzas” para la Iglesia y el México de hoy.
Con la Liga Defensora de la Libertad Religiosa surge una “nueva perspectiva, la de considerar la libertad religiosa principalmente como un derecho de los creyentes que el Estado debe respetar y del cual se deriva el reconocimiento de los derechos de la Iglesia”, indicó.
Añadió que otra consecuencia es que el Gobierno mexicano “se da cuenta que esa ley no la puede aplicar. Y eso llevará a que en 1992 se reforme la Constitución estableciendo un régimen moderno de respeto a los derechos de los creyentes y de relaciones institucionales entre el Estado y la Iglesia”.
Adame Goddard subrayó también que una enseñanza de la guerra cristera para la Iglesia es “que se debe cuidar antes que nada la formación espiritual de los laicos y hacerles ver la importancia de su participación en la vida pública, el gran bien que fue la participación de estos cristeros, muchos de ellos ya beatificados.
“Y que tengan actualmente la misma fortaleza que tuvieron los cristeros”.
Una mentalidad laicista que persiste en MéxicoSin embargo, para el jurista mexicano, a pesar de los cambios legales la Iglesia en México “sigue con una voz disminuida en el debate público”.
“Se ha insistido en que los obispos, por ejemplo, no pueden opinar sobre los asuntos públicos. Cuando han opinado acerca del aborto y acerca del matrimonio se levantan denuncias en contra de ellos, porque dicen que se están metiendo en asuntos políticos que no les corresponden”, indicó.
En ese sentido, Adame Goddard lamentó que en el país permanezca una mentalidad laicista “que no respeta el derecho de libertad religiosa de los creyentes y el derecho de expresión de los creyentes y los obispos”.
“Y siguen pensando que la Iglesia tiene el interés de apoderarse del poder político para gobernar, lo cual es totalmente anacrónico”, señaló.
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