, 12 May. 20 (ACI Prensa).- La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) señaló que millones de desplazados en Burkina Faso viven aislados y reclaman al Gobierno protegerlos y luchar contra el terrorismo con la misma decisión y seriedad que contra el coronavirus.
Los desplazados de las cinco regiones del norte y este de Burkina Faso más afectadas por el terrorismo viven “una desgracia dentro de la desgracia” al enfrentar la crisis del COVID-19; y algunos encuestados de la Diócesis de Dori, Kaya y Fada N’Gourma coinciden que en algunas localidades la situación sigue “igual o está incluso peor que antes de la pandemia”, señaló ACN.
Después de casi cinco años de ataques terroristas en Burkina Faso, cerca de un millón de desplazados internos han dejado vacías sus localidades por temor a ser asesinados, según datos de febrero de 2020 de ACN.
“Franjas enteras” de los departamentos de Bourzanga, en la región Centro Norte, y Djibo, en la región de Sahel, “se encuentran aisladas, no por un confinamiento debido a la pandemia sino por la total inseguridad que sufren”. Además, las pocas aldeas aún pobladas “albergan a miles de desplazados internos, pero están cada vez más aisladas del resto del país”, señaló ACN.
Lamentablemente, Djibo y Arbinda, donde viven 150 mil y 60 mil desplazados internos respectivamente, y son “los últimos enclaves de vida en la provincia y la única muralla de salvación de muchos ante la ocupación terrorista”, también fueron bloqueadas por el terrorismo.
Desde mediados de enero de este año Djibo fue bloqueada por los terroristas y se considera la ciudad más afectada, pues “no hay transporte, no hay suministros, no hay acceso de entrada ni de salida, hay escasez de agua, combustible, alimentos, cortes de electricidad, etc.”, señaló ACN.
Del mismo modo, en la Diócesis de Kaya, ubicado en la región norte, comunidades como Namisgma y Dablo están aisladas de las localidades que hasta ahora las abastecían y la comunidad de Pensa, después de repetidos ataques, ha sido aislada del resto del territorio desde que fue tomada por terroristas.
En Kaya, “los pueblos están casi desiertos” y “han perdido el ritmo de vida”, aunque “aún hay signos de esperanza”, relató un sacerdote a ACN que “también tuvo que huir debido a las amenazas contra su parroquia”.
"De las 75 aldeas de mi parroquia, sólo diez están todavía habitadas. Todos se han ido. Debido a que las aldeas han sido abandonadas, una gran parte del territorio está en manos de terroristas, escapando así del control del Estado", añadió.
El sacerdote señaló que muchas de las personas que han buscado refugio en su parroquia requieren cubrir “necesidades básicas” y “el problema crucial sigue siendo el agua”, carencia que “obliga a las mujeres, con todos los riesgos que eso conlleva, a volver a los pueblos vecinos que están abandonados por amenazas terroristas, para intentar obtenerla y transportarla en triciclos”.
Frente a ello, el sacerdote señaló a ACN que “la mayoría de los burkineses se sienten impotentes ante la desgracia”, sobre todo ahora que la atención del Gobierno “se centra en la pandemia del Coronavirus” y se olvida “que el terrorismo también se cobra víctimas, incluso más que la enfermedad COVID-19”.
Para los ciudadanos afectados “las autoridades locales y nacionales comparten el drama que está sufriendo la población, pero la mayor parte de las veces, sus esfuerzos se ven rápidamente anulados por falta de recursos”, añadió.
El sacerdote también informó que “si bien existe presencia de tropas extranjeras, sobre todo francesas, muchos burkineses se muestran escépticos y se quejan de no ver ningún resultado. Además, critican que si el ejército nacional dispusiera de las mismas condiciones de transporte y armamento que las fuerzas extranjeras podrían ser más efectivos”.
Otro sacerdote de la región Fada N’Gourma, cuya parroquia sufrió incursiones violentas y recibió apoyo de la fundación pontificia para construir un muro de seguridad, declaró “afligido” a ACN que para los burkineses “es muy difícil saber qué es peor”, pues están en medio de dos peligros que tienen la misma consecuencia: “crear situaciones de muerte”.
Por ello, “reclaman de las autoridades la misma decisión y seriedad para mejorar la situación de los desplazados internos y para luchar contra el terrorismo que para luchar contra la pandemia” y “muchos lamentan además que fuera del país no se capte la dimensión de la tragedia”, concluyó.
Hasta el 2019, más de mil personas entre cristianos, seguidores de la religión tradicional y musulmanes han sido asesinadas por el terrorismo en el país; al menos 8 parroquias han cerrado y comunidades católicas como “trece sacerdotes, siete congregaciones religiosas y 193 coordinadores de pastoral han buscado protección en parroquias más seguras”, señaló ACN.
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